La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) ha detectado “un incremento alarmante” de las reclamaciones por facturas erróneas. En los últimos seis meses se han atendido más de 200 reclamaciones por facturas erróneas.
En general, la irregularidad más común es el cobro de un consumo eléctrico que no se ha producido por parte del consumidor, que origina un incremento importante del recibo de la luz, que puede llegar hasta los 3.000 euros, señala Ceaccu en un comunicado.
Lo “más grave” es que si el consumidor no puede o no quiere hacerse cargo de esas facturas erróneas, las compañías eléctricas suelen proceder al corte del suministro eléctrico, lo que considera “inaceptable, abusivo y contrario a la normativa de protección al consumidor”.
No es la primera asociación de consumidores que denuncia estos hechos. Antes Asgeco también denunció que muchos de sus asociados recibieron facturas erróneas que llegaban también hasta los 3.000 euros.
Solución
La confederación exige al Ministerio de Industria, comunidades autónomas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se tomen las medidas legales oportunas para solucionar las facturas erróneas.
Además, reclama una investigación sobre el alcance de las irregularidades, para saber si se trata de prácticas generalizadas. Y que se informe a la Fiscalía por si las compañías estuviesen incurriendo en algún tipo de responsabilidad penal.
La compañías eléctricas pueden a dia de hoy efectuar los cortes de suministro de luz de manera unilateral. Ceaccu reclama que no pueda interrumpirse el suministro eléctrico si la factura está reclamada.
Pide, tambien, la creación de un órgano independiente que acredite y compruebe la veracidad de la factura, en lugar de las propias empresas y que no se produzcan cortes de luz por impago en caso de pobreza energética. Respecto a los usuarios afectados, Ceaccu recomienda acudir directamente al juzgado.
Hace un año las facturas erróneas eran un problema secundario o prácticamente inexistente en el conjunto de reclamaciones sobre el sector eléctrico, en el que las frecuentes eran las demoras en la concesión del bono social (39 % del total), prácticas abusivas o engañosas de las comercializadoras (26 %), cortes en el suministro eléctrico (13 %) o conflictos con los pagos en viviendas alquiladas (9 %).