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La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y su Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia (Aselec) mostraron ayer su «absoluto» rechazo al Real Decreto Ley 9/2013 que aprueba medidas urgentes de reforma energética eliminando las tarifas reguladas de las energías renovables, porque provocará la desaparición de 15.000 empleos en la Comunitat Valenciana y dejará «en ‘K.O. técnico’ a miles de instaladores y mantenedores eléctricos».
Consideran que la entrada en vigor de la normativa, que deja sin margen de maniobra a las instalaciones que figuran en el Régimen Especial, entre ellas las solares fotovoltaicas y eólicas de la Comunitat Valenciana, se ha aprobado «con el pretexto de garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico». Ambas organizaciones entienden que las previsiones de rentabilidad del 7,55 % de vida útil para las instalaciones de energías renovables que recoge este Real Decreto no tienen una demostración objetiva, dado que este porcentaje se basa en la evolución del bono español, fluctuante como ninguno. Asimismo, los últimos estudios confirman que las instalaciones de autoconsumo suponen un ahorro medio de hasta el 70 % de la factura eléctrica de una familia.
Además, la inversión realizada se recupera en el tiempo por el ahorro que se produce, y en este tipo de instalaciones se puede utilizar, además de la fotovoltaica, otras fuentes energéticas como la eólica, la biomasa o la geotérmica. «Nada de esto parece interesar al Ministerio, ya que en su propuesta sobre autoconsumo se utilizan justificaciones totalmente semánticas, nunca técnicas ni demostradas, como que la generación distribuida es perjudicial para el coste del sistema. Incluso se inventan un concepto de potencia para el autoconsumo, denominado «potencia de respaldo», más costoso que el directamente contratado, que encarece el autoconsumo hasta el punto de hacerlo más gravoso que el suministro eléctrico convencional», explicaron ambas organizaciones.
En cuanto a la distribución actual de los peajes, esta empeora con la propuesta realizada, pues se establece un aumento del término fijo de potencia de hasta el 125 % para los consumidores residenciales y del 75 % para los industriales, con lo que adquiere más peso la parte fija de la tarifa eléctrica que la variable, según el sector, que señala que esto supone una «tarifa plana» que desincentivará cualquier opción y acción de eficiencia energética».
