Más impuestos a las eléctricas si reducen su inversión en España

El Gobierno había aprobado ya impuestos por valor de más de 2.500 millones de euros para las eléctricas hasta 2015. Pero las cuentas que ha remitido a Bruselas incluyen ahora un año más de tasas y mil millones de euros en impuestos adicionales que no se contemplaban hasta ahora. Se trata de un recargo que deberá pagarse en 2016 y que se repartirá entre dos sectores: impuestos especiales (alcohol, carburantes y tabaco) y el sector eléctrico.

El sector eléctrico habla de «inseguridad jurídica» tras tres reformas energéticas, dos subidas de impuestos y los preparativos de una tercera

En términos económicos, el pago se fijará en 2015 y se hará en 2016 por lo que no representa una urgencia presupuestaria. Pero en términos políticos sí tiene valor simbólico: el Gobierno parece haberse reservado una amenaza fiscal en caso de que las eléctricas recorten su inversión en España como han amenazado ya. “Es imposible determinar a estas alturas qué carga soportarán las eléctricas”, afirman fuentes del sector, que temen que el objetivo de estas medidas sea el de «castigar el recorte en la inversión nacional con que han amagado algunas compañías del sector”.

4.700 millones que puede pagar el consumidor

La nueva subida de impuestos se suma a dos gravámenes anteriores que el Ejecutivo justificó como una batería de medidas para garantizar “la sostenibilidad energética” en la Ley  16/203 a la que se sumó después un Real Decreto en Junio y una nueva norma en octubre. Como consecuencia de esas nuevas leyes, el sector ha terminado aportando 3.092 millones de euros adicionales a las arcas públicas el año pasado y prevé pagar otros 647 millones más este año.

Esas subidas de impuestos no han menguado significativamente los márgenes de las grandes eléctricas, sino que han pasado directamente al recibo que pagan los consumidores que han visto como las tarifas eléctricas se han disparado en los últimos dos años y cómo acumulan una subida de casi el 79% desde que comenzó la crisis.

Fuentes del sector eléctrico critican ya lo que definen como “inseguridad jurídica” provocada por un Gobierno que ha aprobado ya tres reformas del sector eléctrico, dos subidas de impuestos y que prepara una tercera todavía por determinar.

El reparto de cargas antes del año electoral

La división de impuestos entre especiales y sector eléctrico puede saldarse de manera negativa para las compañías del sector energético a juzgar por los recargos adicionales que el Gobierno ha aprobado en los últimos dos años y que sugieren que alcohol, gasolinas y tabaco tienen ya poco margen adicional para engordar las arcas públicas.

De hecho, el Ejecutivo ha elevado un 10% la tributación de alcohol y bebidas derivadas hasta reportar al Estado sólo 13 millones extras en 2013 y otros 57 en 2014, si se cumplen las previsiones de Hacienda. Igualmente, el aumento de la fiscalidad del tabaco aumentó la recaudación del Estado 177 millones de euros en 2013 y otros 124 millones este año.

Por último, en el caso de los carburantes, la subida fiscal ha reportado 359 millones el año pasado y debe añadir otros 144 millones este ejercicio. Esas cuantías sugieren que una recaudación extraordinaria de 1.000 millones sólo podría conseguirse con una aportación significativa del sector eléctrico, una baza que se jugará entre 2015 y 2016, es decir, en vísperas de las próximas elecciones generales.

Entre las opciones que baraja el Gobierno para gravar al sector eléctrico está la reforma de la fiscalidad medioambiental. De hecho, los 1.000 millones de euros que se esperan recaudar en 2016 están recogidos en el cuadro A.3.1 de referencia de la página 106 del Programa de Estabilidad 2014-2017, bajo el epígrafe «Impacto presupuestario diferencial esperado de las medidas de ingresos adoptadas y previstas».

Esos 1.000 millones se atribuyen al punto «Impuestos especiales y fiscalidad medioambiental». Los expertos consultados no tienen claro si se reforzarán las tasas medioambientales ya existentes o si se introducirá una nueva. Algunos expertos apuntan a que la mejor vía para aplicar este nuevo hachazo a las eléctricas sería elevar el actual impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que entró en vigor el 1 de enero de 2013 y es de un 7%. «El Gobierno podría elevar este impuesto uno o dos puntos, quizá tres, hasta llegar al 10%», señala un experto, que cree que el Ejecutivo no se atreverá a tocar el impuesto de la electricidad que cada dos meses pagan todos los ciudadanos vía recibo. «Sería temerario en periodo preelectoral y, además, el Ejecutivo no se puede ahora permitir subir más la parte regulada del recibo, ante el hartazgo generalizado de la opinión pública a que España tenga el tercer precio más caro de la electricidad de toda la UE«. Por ese 7%, Hacienda prevé recaudar 1.270 millones de euros en 2014.

Otra opción sería tocar el Impuesto de residuos nucleares y combustible gastado, un cajón de sastre en el que cabe casi todo y en el que el Ejecutivo podría colar un nuevo tasazo medioambiental. Pero todo está en fase de borrador y estudio. Nada hay concreto y el sector eléctrico se teme lo peor, ante el clima de polémica desatado por las amenazas de las grandes eléctricas de recortar sus inversiones en España por los duros ajustes sufridos tras la reforma eléctrica.

El Gobierno, por su parte, juega a la amenaza velada, dado que si se constata esa bajada de inversiones, lo que ahora es un aviso se convertirá en otro nuevo tasazo. Las compañías eléctricas tratarán de aprovechar el favor que les ‘debe’ Cristóbal Montoro, tras retirar en 2013 el crédito especial de 2.200 millones de euros que habría solventado buena parte del déficit de tarifa ese año. La interlocución del sector con Montoro es mucho más productiva que la que tratan de mantener con el ministro de Industria, José Manuel Soria, «que sigue instalado en la trinchera y culpa a las compañías de todos los males del sistema», denuncia una fuente.

Fuente: Vozpópuli.com