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La Defensora del Pueblo defendió que «no parece estar justificada» la propuesta del Ministerio de Industria, todavía sin aprobar, de imponer un «peaje de respaldo» a los consumidores acogidos al autoconsumo eléctrico, cuya modalidad más frecuente es la instalación de placas fotovoltaicas, cuando se esté conectado a la red, con el objetivo de sufragar las infraestructuras energéticas.
En su opinión, este canon no debería aplicarse cuando el consumidor no vierta su excedente de energía no consumida a la red, porque en ese caso la instalación «debe ser tratada como cualquier otra medida de ahorro energético».
Argumentó que «la libre utilización de esta fuente de energía natural (en referencia a la solar) como medida de ahorro no debe ser sometida a requisitos administrativos ni cánones de ningún tipo, máxime cuando estos desincentivan su utilización al hacerla económicamente inviable«.
En su informe anual, la institución explicó que su posición respecto a la bajada del IVA de los productos energéticos fue planteada al Ministerio de Hacienda durante el diseño de la reforma fiscal, pero no prosperó.
La institución reclamó además a los poderes públicos «la necesidad de reflexión sobre las condiciones en que se presta el suministro eléctrico«, debido no sólo a la crisis económica, sino también al «constante incremento del precio de la electricidad, que es un bien esencial para una vida digna, acaecido en los últimos años».
También en materia eléctrica, el informe recomendó «revisar» la distribución de los términos fijos de potencia y energía en la factura eléctrica de manera que se «incentive el ahorro energético», así como explicar de forma «más transparente y objetiva» las subidas.
Tras el cambio realizado para dar mayor peso al término de potencia, que supone abaratar el recibo de los grandes consumidores y encarecer el de los pequeños, la Defensora advirtió de que en la actual coyuntura económica «muchas familias han visto reducidos sus ingresos, por lo que adoptan medidas de ahorro, entre ellas, la de reducir su consumo eléctrico, lo que no pueden hacer si cambia el sistema de facturación».
La Defensora del Pueblo también pidió que las eléctricas informen a los consumidores de las diferentes opciones de que disponen a la hora de sustituir contadores tradicionales por otros inteligentes, fundamentalmente entre alquiler y compra.
Con respecto al recorte de la retribución para la energía fotovoltaica, señaló que los pequeños ahorradores plantearon las consecuencias negativas de la modificación del régimen retributivo de la energía fotovoltaica, ya que realizaron sus inversiones al amparo de un sistema que sufrió varias modificaciones, generando una pérdida de sus expectativas económicas.
A este respecto, recordó que la situación es distinta para los inversores españoles y para algunos inversores internacionales, con la opción del recurso al arbitraje internacional como «una solución viable únicamente al alcance de los inversores de los países signatarios» del Tratado sobre la Carta de la Energía. No se dan condiciones «en igualdad», afirmó.
Así, la Defensora del Pueblo señaló que recomendó a la Secretaría de Estado de Energía la adopción de las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica no reciban peor trato que estos inversores internacionales, así como el establecimiento de los mecanismos convenientes «para compensar el sacrificio singular» que el cambio retributivo implica para los inversores españoles. Esta recomendación no fue aceptada, apostilló.
Por último, el informe alertó de las «graves consecuencias» derivadas del hecho de que la detección de fraude en la conexión eléctrica y el eventual corte de suministro lo realicen las empresas, «sin intervención previa de ninguna administración», por lo que pidió que este proceso se desarrolle «con las debidas garantías para el consumidor» y respeto «a su derecho de presunción de inocencia».
Fuente: Energía diario.com
