Investigan a Industria por «perdonar» 3.000 M€ a las eléctricas.

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación para aclarar por qué el Gobierno del PSOE  permitió que prescribiera una deuda de las compañías eléctricas de entre 2.500 y 3.500 millones de euros en concepto de devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) percibidos en exceso por estas empresas, a partir de una denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en julio del año pasado.

¿Qúe son los Costes de Transición a la Competencia (CTCs)?

Durante el período de 1988 a 1997, las tarifas que pagábamos los consumidores eran suficientes para pagar los gastos de generación de la electricidad, a través del Marco Legal Estable. Así se reconocían unos costes de inversión de las infraestructuras eléctricas que debíamos pagar a largo plazo a través de la tarifa regulada. Esto eran 56.700 millones de euros. Cuando se liberaliza el sistema eléctrico, estos costes de inversión no se habían terminado de pagar. Es por ello que se pactaron unos Costes de Transición a la Competencia, para garantizar que los ingresos recibidos en un mercado en competencia pudiesen pagar aquellos costes de inversión que las eléctricas esperaban con la normativa anterior. Esto es, para compensar a las eléctricas en el caso de que los precios de mercado fueran insuficientes para la rentabilización de las inversiones.

¿Qué ha pasado con los CTCs y qué se denuncia?

La realidad, sin embargo, fue que a partir del año 2005 el extraordinario incremento de los precios del mercado eléctrico –que han propiciado que la energía eléctrica en España sea de las más caras– permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto que con la tarifa del Marco Legal Estable. Por lo cual, los CTCs se suprimieron en 2006 ya que las eléctricas podían garantizar la rentabilidad de las inversiones con los nuevos precios de la tarifa. Como las eléctricas habían recibido unas cantidades mucho mayores que las consideradas necesarias para recuperar la inversión, se debía haber reclamado esas cantidades extra cobradas, tal como marcaba la normativa de los CTCs. Pero el procedimiento nunca se inició, dando lugar a la prescripción de la posibilidad por parte del Estado de obtener su devolución.
Tras la denuncia a Anticorrupción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también llevó a cabo una protesta ante el Ministerio de Industria y la sede de UNESA, en la que decenas de activistas ataviados como cobradores del frac reclamaron a las grandes eléctricas el pago de la deuda de 3.400 millones de euros por la devolución de los CTCs cobrados de más.
Ahora se deberá estudiar si la inacción de los dirigentes de Industria del PSOE durante ese período fué provocado intencionadamente como favor a las eléctricas.

Y así andamos, entendiendo las relaciones entre las élites dirigentes de este país con las grandes compañías energéticas.