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Los pequeños productores fotovoltaicos defienden que la rentabilidad del 7,5 % prevista por el Gobierno para las renovables «es falsa» porque no se basa en las cifras reales de inversión y vaticinan una avalancha de impagos para finales de este año.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha indicado en una entrevista con Efe que la rentabilidad «razonable» establecida por el Gobierno no es tal «desde el punto de vista de que no se va a tener en cuenta como base la factura de compra» de la planta.
El pasado 12 de julio, el Gobierno cambió el modelo de retribución de las renovables: de recibir una prima a la producción pasan a tener garantizada una rentabilidad del 7,5 % a lo largo de toda la vida útil de la planta, un porcentaje que se aplica sobre una base de inversión estándar que el Ejecutivo aún no ha publicado.
«Estamos partiendo de una falsedad», insiste Martínez-Aroca: «Yo llevo mi factura y ahora nos sentamos a hablar. Este es mi coste. Me habrán engañado o no, pero este es mi coste. Yo compré la planta por este precio».
Además, Martínez-Aroca califica de «disparate» que se establezca la misma rentabilidad para todas las plantas, independientemente de su ubicación, «eso es tanto como decir que todas las comunidades autónomas tienen derecho a los mismos metros cúbicos de agua. ¿Cómo se puede limitar ahora las horas de sol del sur de España e igualarlas a las zonas del norte?».
También subraya que esta metodología perjudica a los pequeños inversores, porque estos pagaron «el margen de beneficio del instalador, del promotor, del fabricante…», es decir, que abonaron «la factura más elevada», de manera que la rentabilidad que les queda es más reducida.
Al establecer «un estándar tipo medio de precio de una planta en toda España, ¿quién va a salir más perjudicado? El más pequeño», asegura, «a los grandes no les va a afectar de igual manera que a nosotros, porque su costo será siempre inferior. Es la auténtica desprotección del más desfavorecido y el ministerio lo sabe».
En ese sentido, añade que el ministro de Industria, José Manuel Soria «sabe perfectamente que va a causar y que está causando un daño a cientos de miles de ciudadanos, a cientos de miles de pequeños ahorradores. Él sabe que la decisión es absolutamente arbitraria. Eso está regulado por el Código Penal y se llama prevaricación».
El presidente de Anpier también critica las declaraciones de Soria en una entrevista con Efe, donde el ministro reconoció que muchos inversores renovables tendrían que refinanciar sus plantas, pero apuntó «que eso no debería suponer un gran problema».
«¿Eso no supone un problema mayor? ¿Ir al banco con la que está cayendo, con los tipos de interés que hay hoy, a pedir una refinanciación sobre una instalación fotovoltaica que ha sufrido cinco cambios normativos retroactivos, que es un tóxico más tóxico que el inmobiliario, no supone mayor problema?» se queja Martínez-Aroca.
«Este señor está fuera de la realidad» porque «no sabe lo difícil que está la refinanciación hoy en día», subraya.
Con respecto a los impagos de créditos en el sector fotovoltaico, prevé que los primeros casos «duros y difíciles» se produzcan a finales de año.
Explica que, debido a la limitación de las horas anuales con derecho a cobrar primas, los parques del sur de España dejarán de recibirlas en agosto, a lo que se une el pago del impuesto a la generación del 7 %, que tiene que abonarse en noviembre y que «es casi un mes completo de producción» y, a partir del próximo año, el cambio en la retribución, con efecto desde julio de este.
«Casi todos los parques, las pequeñas instalaciones, van a entrar en un gravísimo problema de tesorería a partir de final de año», vaticina, a lo que seguirán «las primeras demandas de ejecución contra plantas o contra inversores» a principios de 2014 y «se empezarán a ver pérdidas de plantas para verano del año que viene».
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