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Con la publicación del “RD 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos” y la inminente aparición de la Orden Ministerial que fijará los parámetros de aplicación en el desarrollo de la nueva norma, se consuma el giro de 180 grados que este país ha dado en política energética. Desde la Ley de Conservación de la Energía de 1980 hasta el RD 661 /2007, con la LOSEN de 1994, Ley del Sector Eléctrico de 1997, los planes de fomento de las energías renovables y otras disposiciones, los gobiernos de distinto signo que se sucedieron en el poder habían construido un marco normativo que, paso a paso, iba mejorando y consolidando el desarrollo de las energías renovables hasta el punto de que podíamos hablar de una “política de Estado” en favor de las energías limpias y autóctonas como impone la lógica más elemental.
Las razones que llevaron a gobiernos de Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero (este, solo en su primera etapa) a apostar por un marco favorable para las energías renovables no solo no han desaparecido sino que cobran día a día más fuerza. España necesita reducir su dependencia energética del exterior; España necesita reducir Emisiones de Gases de Efecto Invernadero; España necesita empleo, industria y liderazgo tecnológico; todo ello se estaba consiguiendo y éramos admirados en todo el mundo por nuestros avances en este ámbito. Pero el éxito de esta “política de Estado” hacia el cambio de modelo energético topó con los intereses de las grandes compañías que desataron una feroz ofensiva contra las energías renovables con una campaña de desprestigio que tuvo –y tiene– en el slogan “las renovables son caras” su primer mandamiento.
Lo más grave no es que esas compañías hayan empleado todos sus medios –que son muchos– para proteger su oligopolio, no, lo peor es que tanto el último Gobierno del PSOE y este del Partido Popular hayan asumido los argumentos de los que defendían unos intereses particulares y dejado a un lado los intereses generales que tanto dicen defender. Después de una nueva ley del sector, de casi una docena de reales decretos ley, de decenas de reales decretos y de innumerables normas de distinto rango, caminamos en dirección contraria con el saldo de no haber arreglado en absoluto los problemas que supuestamente se pretendían solucionar (el déficit de tarifa sigue vivo) pero sí se ha conseguido la ruina de un sector de futuro.
Y mientras las grandes compañías han sufrido en esta batalla pequeños daños (que sus cuantiosos resultados ajenos a la realidad del sector pueden asumir) el resto de empresas y particulares que osaron pisar el terreno de la generación de electricidad están en ruina o al borde del precipicio. Al mismo tiempo esas grandes corporaciones energéticas empiezan a comprometer también el futuro de este país condicionando los planes a medio y largo plazo al firmar recientemente contratos de gas hasta 2036, de la misma forma que condicionaron en su día el presente con sus desmesuradas inversiones en centrales de gas de ciclo combinado, para alcanzar una potencia instalada que sirve hoy de coartada a los responsables de la política energética para cerrar la entrada de nuevas inversiones hasta 2020.
Se ha reducido drásticamente la retribución de las energías renovables pero se mantienen las ayudas, subvenciones y privilegios a las tecnologías convencionales. A los promotores que desde un organismo oficial como el IDAE se les incitaba a invertir en este campo se les cambian las reglas del juego a mitad de partido hasta hacer inviable su rentabilidad. A los que por su cuenta y riesgo pusieron en marcha 27.000 MW de centrales de gas de ciclo combinado se les subvenciona el error con los sobredimensionados pagos por capacidad. A costa del consumidor se sigue subvencionando también a la gran industria con el pretexto de una interrumpibilidad que no se aplica nunca; una gran industria que paga la electricidad a la mitad de precio que los consumidores particulares gracias al sacrificio de estos. Y así podríamos seguir enumerando todas las tropelías que se están cometiendo para apuntalar un sistema opaco que sirve a los intereses de los que lo inspiraron en su momento y siguen dictando las normas.
Como en anteriores disposiciones el RD 413 arranca con un hipócrita y cínico reconocimiento del sector al que luego va a ejecutar: “La generación de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables y el aumento de la eficiencia energética constituyen un pilar fundamental para la consecución de los objetivos de reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero así como de otros objetivos comunitarios e internacionales, revistiendo, a la par, una considerable importancia para el debido fomento de la seguridad del abastecimiento energético, del desarrollo tecnológico y de la innovación”. El resto de las 102 páginas del decreto, que el Gobierno ha tardado 11 meses en concebir desde el anuncio de la mal llamada “reforma energética”, está destinado a castigar esa generación a la que atribuye tanta importancia.
Efectivamente hemos pasado en seis años de la “política de Estado” en favor de las renovables a la ruina de un sector y, lo que es peor, a privarnos de un futuro energético distinto que, por una vez, se planeaba prometedor para España y liderado por España. Sí, las empresas renovables han salido muy perjudicadas, pero mucho más el conjunto de la sociedad, los ciudadanos de este país que se alejan de contar con un modelo energético más sostenible medioambientalmente, más económico, más beneficioso para el conjunto de nuestra economía y, sobre todo, un modelo más democrático, en el que, junto al ahorro y la eficiencia, la generación distribuida y el autoconsumo deben ser los ejes principales.
Fuente: Fundación Renovables
