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La asociación de consumidores denuncia que el sistema para fijar las tarifas eléctricas que está elaborando el gobierno -sistema que califica de opaco- «facilitará a las compañías nuevas subidas«. El gobierno quiere imponer un precio del kilovatio «cada hora» (en función de cómo cotice, «cada hora», el mercado mayorista). El problema es que la gran mayoría de los consumidores carece de contadores que registren su consumo «cada hora», por lo cual el gobierno no va a saber cuánto ha consumido cada hogar «cada hora», y tendrá que hacer lecturas estimadas sobre una curva nacional típica de consumo.
Facua-Consumidores en Acción explica que el borrador de Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y su régimen jurídico de contratación, plantea que los consumidores no podrán conocer de antemano las tarifas eléctricas que les aplicarán. El precio de cada kilovatio hora (kWh) que consuma una familia será distinto cada día o cada hora, según el tipo de contador que tengan instalados los consumidores (antiguos, analógicos, o capaces de determinar el consumo concreto que hace una familia «cada hora»). Pero es que, además, la asociación señala que «no pueden modificarse las tarifas de un servicio sin facilitar esta información previamente a los usuarios de manera que puedan decidir si aceptan o no las nuevas condiciones» y explica en su comunicado, a continuación, que este es «un derecho reconocido en la legislación de protección de los consumidores desde mediados de los años 80».
Menos transparencia
Facua recuerda al gobierno además que la información sobre el precio de un servicio, antes de su contratación, es «un derecho esencial de los consumidores: así lo recogen los artículos 20 y 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias». Asimismo -añade la asociación-, el artículo 85.10 de la citada norma considera abusivas «las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio». La reforma que plantea Industria -algunas de cuyas líneas maestras fueron publicadas en El País del domingo– podría suponer así -dice Facua- que haya casi «1.500 tarifas distintas, una por cada hora del periodo bimestral de facturación, lo cual hará infinítamente más opaco el recibo de la luz y dificultará de forma extrema la posibilidad de verificar si se ha producido alguna irregularidad».
Auténtica aberración
Facua considera que el sistema que pretende imponer Industria representa «una auténtica aberración, porque implica la imposición al consumidor del pago de tarifas que no conocerá hasta recibir la factura y que dependerán del mecanismo de fijación de precios en el mercado mayorista«, un mecanismo diseñado por el Gobierno del Partido Popular «a finales de los 90«, que Facua asegura rechazó desde su implantación y que, en la última década, «ha provocado subidas brutales que alcanzan el 75% para el usuario medio, que se han visto agravadas por la subasta impuesta por el Ejecutivo del PSOE en 2009, que introdujo un plus de especulación en el sistema«. El mercado mayorista eléctrico, conocido como pool, funciona mediante un sistema de pujas por el que se van adjudicando los paquetes de electricidad hasta cubrir la demanda total, siguiendo un rango de precio ascendente, esto es, de la oferta más barata a la más cara. El precio final de la electricidad o precio marginal, que es el que se paga a todos los generadores por igual, viene determinado por la última oferta en ser aceptada, es decir, la más elevada. Un sistema ineficiente y que favorece a las grandes eléctricas.
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