La Fundación Renovables plantea denunciar ante Bruselas la discriminación al autoconsumo y la eliminación de la prioridad de acceso a la red de las renovables.

La FR ha hecho un llamamiento a la movilización de los consumidores contra la Reforma energética que “les penaliza por tres veces” en la presentación del documento “Reforma Energética: un proyecto de involución”. Para la Fundación esa triple penalización se produce vía peajes, presupuestos del Estado como contribuyentes y al impedir su acceso al autoconsumo. El documento de la Fundación analiza el alcance del paquete de medidas normativas aprobada por el Gobierno el pasado mes de julio señalando que “conduce a un modelo energético convencional obsoleto y caro” y constituye “un fracaso anunciado en la resolución del déficit”. El análisis se orienta fundamentalmente a los aspectos globales o estratégicos, a la intencionalidad política y a sus consecuencias, al mismo tiempo que reivindica el papel del ahorro, la eficiencia, las energías renovables y el autoconsumo que esta reforma castiga o ignora.

La FR va a seguir proponiendo alternativas como desarrollo de las iniciativas ya presentadas hasta ahora y se propone abordar tres nuevas líneas de trabajo:

1. Elaboración de una normativa alternativa que defina un marco de sostenibilidad para el sistema eléctrico basado en un cambio de modelo energético.

2. Denuncia de la reforma eléctrica ante las instituciones europeas por incumplimiento de las Directivas de Renovables y Eficiencia Energética en el marco de las denuncias ya efectuadas por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

3. Apoyar e impulsar las iniciativas que desde las asociaciones de consumidores se pongan en marcha para contrarrestar una reforma que echa todo el coste a sus espaldas:  la sociedad debe actuar para conseguir que se antepongan las necesidades de los ciudadanos y consumidores frente al único objetivo del Gobierno, que parece defender los intereses de las eléctricas.

Esta Reforma,  ni va a ser la última ni va a servir para equilibrar los ingresos y costes de 2013, porque existen importantes errores de diagnóstico, entre los que destaca que el origen del déficit hay que situarlo en 2002 y no en la normativa posterior, que en la definición del déficit se pasa por alto que el problema son los costes reconocidos que no son los reales y que el Gobierno concluye que son las energías renovables las únicas responsables de la insostenibilidad económica del sistema eléctrico. Esta última afirmación queda desmentida  por el hecho de que todas las reformas emprendidas desde 2009 para ir desmantelando el modelo español de renovables no han evitado que el déficit tarifario haya seguido creciendo.

La reforma basa su éxito en que los consumidores paguen más y consuman más.

En un escenario de crisis económica y de la demanda interna, esta política energética es inviable y un fracaso anunciado.
La orden de peajes, la desaparición de la CNE, la designación de tres consultoras para decir la retribución de las renovables, la inviabilidad económica del autoconsumo, la discriminación e incumplimiento de las directivas europeas y el decreto de residuos radiactivos que permite la prórroga de la vida útil de todas las centrales nucleares son la demostración palpable de que estamos ante un proyecto de involución hacia un modelo energético convencional, obsoleto y caro.

Es sorprendente cómo se utiliza la retroactividad positiva para las nucleares al separar la seguridad nuclear de su viabilidad económica, relajando la cultura de seguridad, y cómo se aplica esa misma retroactividad en sentido negativo a las renovables para provocar su ruina económica. La mayor debilidad de esta reforma es su déficit democrático, sin participación ni consulta, sin escuchar a nadie, a espaldas de todos los afectados y de los consumidores.

No se necesitan parches anuales sino reformas estructurales.

Valga como ejemplo que  sólo la desviación de la última subida del petróleo supone un coste añadido que duplica el pretendido ahorro de la reforma eléctrica. Es flagrante el incumplimiento que estos decretos hacen de la Directiva 2009/28/CE de Renovables por eliminar la prioridad de acceso, conexión y evacuación de la red y el carácter preferente y no discriminatorio que establece la directiva para las renovables. Los decretos de autoconsumo y de renovables que ha propuesto el Gobierno contravienen esta norma europea de obligado cumplimiento.

El autoconsumo y las renovables son un factor de reactivación económica y de creación de empleo. La salida  de la crisis está directamente condicionada a un cambio del modelo energético y de la política energética. La estrategia energética en la que se debe de avanzar pasa por: internalización de costes; corresponsabilidad fiscal; transparencia en la formación de precios; planificación energética que priorice la reducción de la dependencia energética; objetivos de ahorro energético y de eliminación de emisiones de CO2. Justo en la línea de las políticas del Gobierno.