Un estudio de La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, Avaesen, con información de las proyectos realizados por sus asociados sobre instalaciones de autoconsumo, confirma que el ahorro medio que puede obtener una familia es del 70 % sobre la factura de la electricidad.
Hay ya un número importante de instalaciones realizadas por las empresas asociadas a Avaesen que confirman que los ahorros medios que se están obteniendo son del 70%”, ha declarado o Marcos J. Lacruz, presidente de la asociación.
Marcos J. Lacruz indica que la inversión inicial puede variar entre los 6.000 y los 9.000 euros, en función de la superficie de la vivienda y de la energía que se vaya a utilizar, pero “esta inversión se recupera a lo largo del tiempo gracias al ahorro que se produce”. Otra ventaja de estas instalaciones es que se pueden basar en diferentes fuentes energéticas, “como la fotovoltaica, la minieólica, la biomasa o la geotérmica”, añade.
El presidente de Avaesen ha aprovechado la presentación del estudio para demandar la puesta en marcha de un reglamento que regule el autoconsumo y el balance neto, es decir la posibilidad de que un consumidor inyecte en la red eléctrica la energía que no consume y que se le descuente de su factura final. “Esta posibilidad ahorraría todavía más energía a los consumidores, ya que la energía inyectada en la red sería su aportación al resto de usuarios, y su no consumo también se traduciría en una factura más reducida”.
Para Lacruz, este reglamento resulta fundamental como medio de que los funcionarios “pueda registrar y dar el permiso reglamentario a estas instalaciones. Mientras no se regule, los consumidores pueden adquirir equipos, instalarlos sin ningún tipo de control ni de legislación y agrandar un problema a la administración y a las propias compañías eléctricas. De ahí que sea imprescindible que el marco regulatorio salga cuanto antes”.
En este sentido, Lacruz confirma que los consumidores pueden desde 2011 instalar sus sistemas de autoconsumo, pero la falta de un reglamento autonómico impide “la normalización y la reglamentación adecuada”.
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