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El Gobierno intervino en Navidad los precios eléctricos. Fue una decisión sin precedentes y el mejor ejemplo del caos que vive el sector, tras más de una década de despropósitos políticos y regulatorios.
Cuando alguien conecta un interruptor en España, la luz se enciende sin problemas. Nadie diría que detrás del enchufe se libra una descomunal batalla, fruto de los desaguisados cometidos durante casi dos décadas a nivel político y de planificación energética del país. Con un agujero financiero de 30.000 millones de euros, que dejará hipotecada a una generación entera de ciudadanos, y con unos precios que están entre los más caros de Europa, el sector eléctrico español es un ejemplo a no seguir.
Éstos son, a nuestro entender, los 10 principales problemas de la luz:
1. Los políticos
A finales de 2010, cuando gobernaba el PSOE de Zapatero, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reclamaba un marco normativo «claro». Se quejaba de que se habían aprobado 20 modificaciones con rango de ley, 100 reales decretos, varios cientos de órdenes ministeriales y otras tantas resoluciones. Por entonces, Galán no sabía que tras el maremoto vendría el tsunami. Cuando el PP de Mariano Rajoy llegó a Moncloa, propuso una reforma eléctrica integral. Cuatro leyes después, junto a una veintena de órdenes ministeriales, y una docena de decretos, el sector no ha conseguido enderezarse. El denominador común de los distintos gobiernos de la democracia es que todos se han propuesto arreglar el sector eléctrico. Pero todos, hasta la fecha, lo han estropeado más. Y todos han culpado al predecesor del problema.
2. La deuda
Desde el 2000, han tenido competencias sobre el sector o han influido en él 7 ministros: Rato, Piqué, Montilla, Clos, Sebastián, Soria y Montoro. Todos han intentado arreglar el denominado déficit de tarifa, un desfase financiero que se crea porque los ingresos del sistema, vía recibos de la luz, no cubren todos los costes. Ese agujero empezó a comienzos de este siglo. Es una bola de nieve que, a fecha de hoy, nadie sabe a cuanto asciende. Hay partidas ya amortizadas, otras en manos de inversores internacionales, otras pendientes de definir y otras que se refinancian. También hay otras nuevas que aparecen por sorpresa, como el agujero adicional de 3.600 millones porque Hacienda no dará al sector el dinero que prometió para usarlo en el déficit público. Se calcula que en conjunto sobrevuela una deuda de 30.000 millones, casi equivalente al gasto anual en prestaciones por desempleo.
3. La banca
Es la factura eléctrica de todo un año, como si los españoles debieran todos los recibos de luz de 2013. Las grandes compañías, como Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON, estarían en quiebra si el Gobierno no hubiera ideado hace años un mecanismo que metía de lleno a las entidades financieras en el sector. ¿Cómo? A las eléctricas se les reconoce una deuda por ese déficit de ingresos. Lo cobran a medida que diversas entidades venden bonos eléctricos españoles (titulización). Con el dinero obtenido se paga la deuda a las eléctricas. Luego, esos bonos y sus intereses se van liquidando con el dinero que se extrae de una parte de las facturas eléctricas durante los 15 años siguientes. En la actualidad, una décima parte del recibo eléctrico es para pagar deudas anteriores. Ese pellizco que se le da la factura eléctrica no se desglosa claramente en el recibo.
4. Las empresas
La gran pregunta es qué, o quién, ha hinchado el déficit. Aquí empieza la demagogia. Todos dicen que el sobrecoste lo provoca el vecino. Las eléctricas tradicionales culpan a las renovables y las subvenciones que reciben éstas, de más de 9.000 millones en 2013. Las renovables, como Acciona, Abengoa o T-Solar, culpan a las eléctricas tradicionales por recibir 5.000 millones por su red de distribución o por los beneficios extra que tienen (windfall profits) por centrales como las nucleares. Las renovables piden una auditoría integral e independiente de los costes que dicen tener las eléctricas tradicionales.
5. Los usuarios
En medio de ese fuego cruzado están los usuarios. En España hay 28 millones de contratos de luz. Unos 18 millones tienen precios regulados, que fija el Gobierno cada trimestre. El resto son contratos de libre mercado, es decir, el usuario se ha acogido a alguna de las ofertas de las cinco grandes eléctricas o cualquier otra de la veintena de comercializadoras activas que hay. El hecho de que en su mayoría los usuarios sigan bajo las tarifas reguladas, en lugar del busque y compare, ha impedido un mayor desarrollo de la cultura eléctrica. El usuario no sabe si una instalación de producción eléctrica es más cara que otra, o sus pros y contras.
6. Los ‘lobbies’
Sin usuarios críticos, los lobbies de todo signo han llenado el sector de tópicos: nuclear contra energía verde; renovable contra carbón, etcétera. En energía han proliferado las asociaciones. Muchas gustan de ser llamadas patronales: Unesa (eléctricas), AEE (eólicas), Carbunión (carbón), Appa (renovables), Unef (fotovoltaicas), Protermosolar (termosolares). Además, las asociaciones de usuarios, siempre tienen la artillería preparada.
7. Las urnas
El principal problema de los usuarios de la luz es que, además, son votantes. Todos los gobiernos, desde Aznar, han sido especialmente sensibles con ésto. De hecho, fue ese Gobierno el que creó el mecanismo legal para permitir el déficit de tarifa. Básicamente, éste consistía en un compromiso legal de compensar a futuro a las eléctricas con subidas extra de la luz, las que no se produjeran en un momento puntual por razones políticas. El problema es que esas subidas extra se aplazaron una y otra vez, y se quedaron para el siguiente Gobierno. Si Aznar inventó el mecanismo del déficit de tarifa, Zapatero lo engordó. El déficit de tarifa, de menos de 2.000 en 2004, se multiplicó por diez hasta 2011.
8. La regulación
Normativamente, hay un parche sobre otro, sin una clara hoja de ruta ni un pacto de Estado que lo facilite. Cada vez que se ha dado un paso, se ha dado otro al contrario. El mejor ejemplo ocurrió el pasado mes. El día 19 de diciembre, justo cuando se aprobaba la nueva ley eléctrica como la norma esencial de la reforma eléctrica del PP para acabar con el déficit de tarifa y avanzar hacia el libre mercado, el Gobierno anulaba la subasta eléctrica Cesur. Técnicamente, intervenía los precios de la luz. El PP evitaba una subida del 11% en el recibo, e imponía un precio «político» subiéndolo solo un 2,3%. Pero en su intento de evitar un problema electoral, abría otro problema eléctrico. ¿Cómo se fijarán los precios ahora? En la próxima revisión de abril, puede ser que la luz suba lo que no se subió en enero.
9. La semántica
El lenguaje eléctrico, muy técnico, ha servido de escudo en muchas ocasiones a todos los protagonistas para hacer del sector algo inescrutable. Un ejemplo son los términos peajes y Cesur. La pasada Navidad, todo el mundo terminó hablando de peajes, como la parte del recibo que regula el Gobierno y Cesur, como la parte que fija el libre mercado. Sin embargo, trasladados al recibo esos conceptos crean una empanada léxica. Cuando el cliente mira su factura, esos conceptos no están. Aparecen otros: término de potencia y término de energía, que no equivalen a los anteriores. El término de potencia y el de energía los fija arbitrariamente el Gobierno distribuyendo entre ambos los peajes (distribución, renovables e incluso unas tasas que ahora se está quedando Hacienda) y la Cesur. Lo hace con una metodología diseñada por Industria que es otro misterio del sector, y fue cuestionada por el regulador eléctrico.
10. Marca España
Los cambios regulatorios hacen un daño difícil de calibrar a la marca España. En los últimos meses, se ha producido un aluvión de demandas internacionales de arbitraje contra el país en organismos como el Ciadi de EEUU, sobre todo de inversores en renovables. Todos buscan amparo en el Tratado de Energía. España es ya uno de los países más demandados bajo ese acuerdo de protección de inversiones, por fondos vinculados a grandes grupos, Deutsche Bank o BNP.
Fuente: Expansión
